Tras el suceso de intoxicación en un colegio de Bogotá, el director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación confirmó: el consumo de estupefacientes debe tratarse como una enfermedad.
Consumir drogas no es motivo para expulsar a un niño
Este martes trascendió la noticia de la muerte de un niño de 14 años y la intoxicación de otros 21 tras inhalar una mezcla de sustancias tóxicas contenidas en un extintor. El suceso ocurrió en el colegio distrital Marco Fidel Suárez de Bogotá. Las autoridades todavía siguen investigando los hechos. En el caso del niño fallecido, será Medicina Legal quien informe las causas de su muerte y difunda el documento oficial al respecto.
Óscar Clavijo, director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de Bogotá, le confirmó a Semana Educación que la veintena de estudiantes implicados en este caso de consumo de sustancias no serán expulsados del centro.
“El consumo de estupefacientes está contemplado por la legislación como una enfermedad, no como un delito, por lo tanto a estos niños se les debe hacer un acompañamiento desde el centro educativo, no se les puede expulsar del mismo”, sostuvo. En lo referente a las drogas, el colegio sólo tiene potestad de abrir un proceso de ‘descolarización’, si el menor se lucra con su venta.
Clavijo aclaró que será el centro distrital y no la secretaría quien imponga medidas disciplinarias a los niños intoxicados. El caso de los estudiantes del Marco Fidel Suárez reabre el debate sobre cuál debe ser el proceder de un ente académico ante este tipo de situaciones. Esto es, si la expulsión es la sanción más efectiva para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil y docente, o si por el contrario, en ningún caso es una medida razonable.
Los colegios públicos cuentan con un manual de convivencia que sigue los lineamientos de la Ley de Infancia y Adolescencia y la Ley 1620. Esta última, promulgada en 2013 por el presidente Juan Manuel Santos, establece unas pautas sobre la protección, detección temprana y denuncia de las conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela.
“Los niños tienen derecho a un debido proceso. Sólo se contempla la expulsión en el caso de agotar todas las instancias o si su comportamiento atenta gravemente contra la integridad de la comunidad estudiantil y el bien común”, indicó Martha Rojas Molina, coordinadora de la institución educativa CEDID Ciudad Bolívar. En cinco años, esta escuela distrital nunca ha expulsado a un estudiante, aseguró.
La decisión de ‘descolarizar’ es competencia única del rector. “La Secretaría de Educación es la última instancia en pronunciarse, en caso de que la familia del menor quiera recurrir a la decisión del colegio y la Dirección Local”, añadió.
Una dinámica similar rige los colegios públicos. Estos también cuentan con un manual de convivencia que configura el cuerpo docente con cierta autonomía, pero “siempre ajustado a la ley colombiana”. Así lo aseguró Edwin García coordinador de convivencia del Montessori British School en Bogotá.
El Montessori contempla en su manual la expulsión sólo en casos de “faltas gravísimas”. Esto es, cuando el niño tiene una “conducta o actitud que lesiona en gran medida los valores individuales y colectivos de la institución educativa, así como aquellas conductas que son consideradas como delitos en la legislación penal colombiana”.
El niño tiene también derecho a un debido proceso y derecho a la defensa. “En 12 años sólo hemos expulsado a dos personas, porque el bienestar de la comunidad escolar prima sobre el individuo”, subrayó la directora del centro, Claudia Díaz.
Para Edwin Torres, psicólogo clínico de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, la expulsión de un niño es una medida “muy negativa”, especialmente para estudiantes provenientes de estratos socioeconómicos bajos.
“El colegio es un mediador de formación, pero los padres tienen una responsabilidad clave en la configuración del comportamiento de los niños. Si este viene de una familia desestructurada y, además, se queda sin el entorno que le brinda el centro educativo, se convierte en presa fácil para relacionarse con personas que también desarrollan comportamientos inadecuados”, aseguró.
La propuesta del psicólogo para disminuir los casos de niños con conducta inapropiada es que los colegios le apuesten también a un “desarrollo de la inteligencia emocional del estudiante, sus habilidades sociales y estrategias para solucionar conflictos”. Para ello, resulta imprescindible que los centros educativos contraten psicólogos clínicos especializados, “una inversión que se rehúsan a hacer”.
Los menores involucrados en el episodio de intoxicación en el colegio Marco Fidel Suárez, con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, fueron trasladados al Hospital del Tunal y al Santa Clara, donde permanecieron en observación. Horas después fueron dados de alta, como aseguró a varios medios el secretario de Salud, Mauricio Bustamante.
